Mencionaron obras trascendentales como la segunda etapa de la cárcel de Benjamín Paz, la refacción del Aeropuerto Benjamín Matienzo, la alcaidía de Las Talitas, el Acueducto de Vipos, la reactivación de la obra de la doble terna de El Bracho-Villa Quinteros, la repavimentación de la Ruta 307 y la ejecución de múltiples obras menores, fundamentales para el desarrollo local.
Respecto al Procrear II, solicitaron que se agilizara la transferencia definitiva del predio a la provincia, lo que permitiría avanzar con la construcción de 1500 viviendas y 1500 lotes con infraestructura. También, de cara al inicio del ciclo lectivo, continuaban trabajando en las refacciones de los establecimientos educativos de Tucumán, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación.
Por otro lado, reafirmaron su compromiso con el respeto a la propiedad privada y dejaron en claro que no tolerarían usurpaciones en Tucumán. En el caso de El Mollar, informaron que estaban colaborando con la Justicia y que ya existía un fallo claro de restitución y desalojo de los terrenos en cuestión. Aunque este caso era emblemático, aseguraron que actuarían con la misma determinación en toda la provincia ante situaciones similares.
Asimismo, ratificaron que el basural de El Mollar había sido cerrado y clausurado definitivamente. Los residuos de Tafí del Valle y El Mollar se trasladaban diariamente a la Planta de Transferencia de San Felipe, desde donde eran enviados a Overá Pozo para su disposición final. Este cierre incluyó un proceso de sellado con capa de tierra y compactación, realizado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
Ante la difusión de algunas fotos que mostraban residuos transitorios, destacaron que pertenecían a la planta de transferencia y que esto formaba parte del proceso de recolección, sin tratarse del basural en sí. Indicaron que estaban trabajando para mejorar la coordinación y garantizar que el basural de El Mollar permaneciera cerrado definitivamente. También subrayaron el alto costo logístico que estaban asumiendo, especialmente en la temporada alta, con el traslado de 37 toneladas diarias de residuos.
En otro orden de temas, sobre el Acuerdo Fiscal Municipal, señalaron que la incorporación era voluntaria. Los intendentes que decidieran no adherir asumirían la responsabilidad de administrar sus propios recursos, pagar salarios y realizar obras. En este sentido, el Gobierno Provincial respetaba absolutamente cada administración municipal, brindando todo el apoyo necesario y demostrando con hechos que no había coerción en el proceso, como se evidenciaba en la articulación con la Intendencia de Concepción.
Por último, mencionaron que habían dialogado sobre el Boleto Estudiantil Gratuito y el Boleto para Jubilados, medidas que sostendrían porque entendían la importancia de seguir proporcionando este alivio económico, tanto para quienes apostaban a un futuro mejor a través de la educación como para quienes habían trabajado toda su vida y necesitaban ese acompañamiento.
Asimismo, aseguraron que continuarían avanzando en la mejora del transporte público de pasajeros, promoviendo la incorporación de nuevas unidades a las diferentes líneas. Subrayaron que este tema era prioritario para su gestión, ya que se trataba de un servicio público que dinamizaba la economía de la provincia.
