En medio de un escenario político marcado por tensiones y confrontaciones, la democracia ha puesto límites claros al accionar del Gobierno, evidenciando la necesidad de un cambio de enfoque y un mayor diálogo entre los diferentes sectores políticos.

El resultado reciente de la votación general, con una ventaja significativa para el oficialismo de Milei (140 a 109), refleja un revés para el Gobierno, que ha insistido en un trato desfavorable hacia diputados y gobernadores desde el inicio de su gestión. Esta actitud, que incluye decisiones unilaterales como el primer discurso presidencial de espaldas al Congreso, ha generado un clima de tensión y desconfianza que ha llegado a su punto crítico con este resultado electoral.

Es imperativo reconocer que la función del Congreso es insustituible, y continuar ignorando este principio sólo conducirá a mayores conflictos y a un debilitamiento de la institucionalidad democrática. La reciente decisión judicial de rechazar importantes artículos relacionados con los derechos laborales es una clara señal de que no se pueden seguir lesionando los pilares de la Constitución Nacional.

Si bien es comprensible que en campaña política se utilicen estrategias de confrontación para captar votos, gobernar requiere un enfoque distinto, basado en el diálogo constructivo y el respeto hacia todas las partes involucradas. La creciente inflación y la falta de soluciones efectivas muestran que el cambio prometido por Milei no se está materializando de la manera esperada.

El fracaso del oficialismo en llevar adelante su agenda legislativa abre un escenario aún más complejo, con divisiones internas tanto en la oposición dialoguista como en el propio gobierno. Es fundamental reconocer la importancia del respeto mutuo y la habilidad para llegar a acuerdos que reflejen las necesidades y aspiraciones de toda la sociedad.

Los gestos republicanos, como la apertura del debate parlamentario, son bienvenidos, pero es necesario que los funcionarios comprendan y respeten la división de poderes. Los desacuerdos internos, como el caso del ministro Franco y la distribución de impuestos, sólo minan la confianza y obstaculizan cualquier intento de avance.

En última instancia, el Gobierno no puede ignorar las demandas de una ciudadanía que exige un cambio de rumbo y una mayor transparencia en su accionar. El camino hacia una democracia plena y funcional requiere de un compromiso real con el diálogo y el respeto institucional.

(José Orellana, Legislador por Tucumán)